Diversas organizaciones de los pueblos indígenas de El Salvador acompañadas por la Procuraduría de Derechos Humanos (PDDH), denunciaron en una conferencia de prensa los impactos que suponen la construcción de una nueva represa sobre el río Sensunapán, Sonsonate.
Las organizaciones responsabilizaron a las carteras de Cultura y del Medio Ambiente del país centroamericano por la falta de protección de al menos 11 lugares sagrados.
Enrique Carías, representante del Comité Indígena Para la Defensa de los Bienes Naturales de Nahuizalco advirtió que de autorizarse, el proyecto destruirá cuatro kilómetros de río, el cual pasa por lugares considerados sagrados por las comunidades originarias.
Agregó que en 16 años de lucha a favor del río, han demostrado “los graves daños que el proyecto ocasionaría a todo el ecosistema”.
“Sería como terminarse la vida del río. Es la última parte que queda. Hay un afán desmedido por terminarse el río”, dijo.
El líder comunitario agregó que en 2013 el Ministerio de Medio Ambiente consultó a la población sobre el proyecto y en 2014 la institución no otorgó el permiso.
En un comunicado las organizaciones sociales e indigenas explicaron que también identificaron lugares en los que se encuentran fosas con los restos de los miles de indígenas masacrados en 1932 durante la dictadura de Maximiliano Hernández Martínez.
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