Representantes de las comunidades Kichwa y organizaciones de derechos humanos, realizaron una manifestación en Quito, la capital ecuatoriana; para exigir a la Corte Constitucional que fije fecha para la audiencia de un proceso de reparación a 27,000 personas afectadas por un derrame petrolero.
Una de las dos comunidades afectadas por el derrame del crudo, ocurrido el 7 de abril de 2020, son las de Tocuya e Itaya.
Al respecto Verónica Grefa de Tocuya le dijo a INREDH: “El derrame de petróleo afectó nuestros cultivos, afectó nuestra salud, nuestros ríos y nuestro mercado que servía de subsistencia para nuestra población”.
Carolina Tanguila, dirigente de la comunidad Itaya dijo “Estamos viviendo dos pandemias: el Coronavirus y el derrame de petróleo. No tenemos agua, no tenemos pescado. Nuestros derechos se han vulnerado. Venimos a exigir a la Corte Constitucional que vele por nuestros derechos”.
INREDH dio a conocer en nota de prensa que la audiencia debería producirse en Orellana, el territorio más afectado por el derrame.
“De esta manera, se garantiza el derecho a un proceso constitucional intercultural y permitiría la participación de las comunidades alejadas, quienes podrían directamente relatar en este tiempo las vulneraciones a los derechos y las omisiones estatales y de las empresas OCP Ecuador y Petroecuador EP que no han cesado.” Se lee en el documento.
Sylvia Bonilla del equipo jurídico de la Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos señalo a las afueras de la sede de la Corte Constitucional: “En la Amazonía ecuatoriana ocurren dos derrames de petróleo cada dos semanas. La Corte Constitucional debe establecer estándares claros y que se repare a las comunidades, para que esto no vuelva a ocurrir”.
De acuerdo con la nota de prensa, los afectados culpan a las autoridades y operadoras de las tuberías de dos oleoductos que trasladas el petróleo desde la amazonia hasta los puertos costeros ecuatorianos.
Los afectados aseguran que tras el derrumbe de la cascada de San Rafael, ocurrida el 2 de febrero de 2020, y pese a una serie de alertas emitidas por expertos y científicos ninguna acción fue realizada.
Además, señalaron que ni las autoridades y operadoras informaron a las comunidades “sobre el riesgo del consumo de alimentos y de agua contaminada.”
A la manifestación también asistieron, Leónidas Iza y Marlon Vargas, dirigentes de las principales organizaciones indígenas CONAIE y la CONFENIAE.
Leonidas Iza, presidente de la CONAIE: “Si el gobierno quiere duplicar la producción petrolera que tenga la cara, después de 40 años de violencia y despojo que ha significado la explotación, de preguntar al menos si la gente quiere continuar otros 40 años más de lo mismo. Que se respete y garantice la consulta previa, libre e informada y que la decisión de los pueblos sea vinculante”.
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